La asociación AMA, que en Cantabria aglutina a los afectados por las sentencias de derribo de viviendas declaradas ilegales, ha lamentado "terminar 2018 pidiendo justicia, igual que en 2005" y ha reclamado una "solución definitiva" y "real" por parte de las Administraciones Públicas a las familias en esta legislatura.
En un comunicado, la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), ha asegurado que, de nuevo, lo que pedirán las familias afectadas por la sentencias de derribo a 2019 será Justicia. "Que se pongan a trabajar todas las instituciones, den la justa solución a la que se han comprometido y que merece nuestra sociedad. Basta ya de hacer sufrir a cientos de familias inocentes. Basta ya de que todos los ciudadanos de Cantabria tengamos que pagar los errores e ilícitos que han cometido nuestros representantes políticos", ha reclamado. La asociación considera como "máximos responsables" a ayuntamientos y al Gobierno de Cantabria, condenados, según ha señalado, en más de 30 sentencias firmes.
Basta ya de que todos los ciudadanos de Cantabria tengamos que pagar los errores e ilícitos que han cometido nuestros representantes políticos
AMA, en su comunicado, se ha preguntado "cómo es posible" que la Justicia "no haya encontrado infracción alguna, ni penal, ni administrativa" contra los responsables de las instituciones tras producir --sostiene-- "tanto daño" a cientos de familias y a todos los ciudadanos de Cantabria por, según señala, "conceder licencias ilegales" y "permitir construir donde en aquellos momentos era contrario a la legalidad vigente". "Difícil de creer y más difícil de explicar", ha aseverado.
ÚLTIMAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DEL TSJC
En su comunicado, AMA ha criticado y mostrado su "preocupación" por las últimas declaraciones públicas del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, sobre este problema, en las que afirmaba que "la única puerta que queda abierta" para los afectados por las sentencias de derribo era "acudir a los tribunales europeos".
Durante su participación en el Foro de la Ser el pasado 17 de diciembre, López del Moral reconoció que el problema de los derribos en Cantabria "tiene muy difícil solución", y aseguró que tanto la Administración de Justicia como todos los gobiernos y corporaciones locales han intentado aportar soluciones, pero "al final no ha sido posible". "No es de recibo que después de años de injusticias nos manden a Europa a buscar soluciones", ha afirmado AMA, que cree que esto muestra la "incapacidad" de nuestras instituciones para "solucionar los graves problemas que ellas han creado".
AMA ha opinado que la respuesta de López del Moral fue "fruto de la improvisación, como respuesta a una pregunta que no esperaba" y una "salida sin comprometerse o significarse". "Sabemos de su buena fe, de su comprensión con la situación de nuestras familias, después de tantos años, estamos cansados, aburridos, con demasiado dolor a nuestras espaldaspara abrir nuevos campos de enfrentamiento", ha afirmado.
La asociación ha insistido en que lo que quiere es que se cumpla la Declaración institucional del Parlamento de Cantabria de 2 de mayo de 2017. En ella, la Cámara legislativa manifestaba "la necesidad" de que las Administraciones Públicas, en el marco de sus competencias, den esta solución definitiva a la situación que sufren cientos de familias por el "grave" problema de las sentencias de derribo, "evitando la pérdida de su patrimonio y cumpliendo con los convenios firmados entre los afectados y el Gobierno de Cantabria en la presente legislatura".
Además, según ha recordado AMA, en dicha declaración se manifiesta la necesidad de seguir avanzando en el ordenamiento jurídico para lograr la protección de los ciudadanos terceros de buena fe en el ámbito del urbanismo.
