jueves 28/10/21
DERRIBOS

AMA inicia en Santoña los actos de apoyo a ciudadanos terceros de buena fe

La iniciativa se enmarca en una serie que se irán realizando por toda España para concienciar sobre la necesidad de proteger a miles de familias.

AMA aboga por dar una solución definitiva que respete el patrimonio de los afectados, y no dilapide los recursos de nuestra Comunidad
AMA aboga por dar una solución definitiva que respete el patrimonio de los afectados, y no dilapide los recursos de nuestra Comunidad

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), en colaboración con otras asociaciones, inicia este sábado 21 de mayo en Santoña una serie de actos de apoyo a los ciudadanos terceros de buena fe, que se irán realizando por toda España, y en los cuales el principal objetivo es concienciar a los poderes públicos de la necesidad proteger a miles de familias ante “situaciones totalmente injustas”, producidas por una “legislación inadecuada de nuestro ordenamiento jurídico” que está produciendo “graves daños a todos los ciudadanos”.

Así lo ha manifestado la asociación en un comunicado, en el que se especifica que a través de la Coordinadora Nacional de Asociaciones pro Justicia en el Urbanismo, que agrupa entre otras a AMA en Cantabria, AUAN en Andalucía y AGADE en Galicia, “se está trabajando en la realización de manifestaciones, jornadas y otras movilizaciones” que pongan de manifiesto la necesidad de apoyar medidas legislativas que ayuden a paliar las “anomalías y lagunas observadas” en nuestro ordenamiento jurídico, y que “han hecho tanto daño a miles de ciudadanos terceros de buena fe” en España.

Al acto, que comenzará a las 11:30 en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Santoña, han confirmado su presencia, entre otras autoridades, el consejero de Presidencia Rafael de la Sierra, el cabeza de lista al Senado por el PP y Exconsejero de Medioambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, la cabeza de lista del PSOE de Cantabria al Congreso, Puerto Gallego, y varios miembros del Parlamento de Cantabria, alcaldes y concejales de los ayuntamientos afectados por las sentencias de derribo.

“Estamos convencidos desde nuestra asociación que el 108.3 de la LRJCA es un instrumento muy positivo, una herramienta para que no se deje en la calle al inocente", dice AMA

Bajo el lema ‘el 108.3 una herramienta contra las injusticias en el urbanismo’, desde la Asociación AMA se quiere buscar la colaboración “de todas la instituciones, de todas la fuerzas políticas, de todos aquellos que tengan algo que aportar, ya que a todos nos tiene que preocupar” el hecho de que en Cantabria, después de más de 20 años, no se haya podido reparar el “daño causado a cientos de familias”.

“Estamos convencidos desde nuestra asociación que el 108.3 de la LRJCA es un instrumento muy positivo, una herramienta para que no se deje en la calle al inocente, y al culpable en las playas del Caribe, sin pagar por daño ocasionado”, ha dicho la asociación en el comunicado.

A su juicio, este artículo “de ninguna manera pone en peligro la ejecución de las sentencias, es un simple trámite dentro de esa ejecución”, que además “ayudará a que esa parte perjudicada no tenga que presentar recursos, incidentes por no respetarse sus legítimos derechos”. De este modo, este artículo ayudará a que “se ejecuten con más celeridad las sentencias”, y con ello que hagan que “nuestra justicia sea lo que todos queremos: justa y en un tiempo razonable”.

AMA considera que los datos demuestran que “estamos ante un problema de Estado”, pues en España padecen este problema “más de 2 millones de personas, con 500.000 viviendas declaradas ilegales, de las cuales más de 50.000 tienen ya sentencia de derribo”. “La seguridad jurídica en el ámbito del urbanismo es una asignatura pendiente en nuestro país”, ha afirmado AMA.

Por ello, “trabajamos ya en nuevas iniciativas parlamentarias que sugieren una modificación del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana Nacional” para que en el artículo relativo a los actos inscribibles en el Registro de la Propiedad se incorporen “dos nuevos preceptos que obligan a que los procedimientos judiciales encaminados a la demolición de una vivienda tengan que quedar reflejados en él”, así como que ese Registro de la Propiedad tenga consecuencias, den garantías con él a los ciudadanos que tienen perfectamente inscritos sus bienes.

“En definitiva, haya seguridad jurídica en el ámbito de las transacciones inmobiliarias en nuestro país, y sobre todo ante la adquisición de viviendas”, ha explicado la asociación.

Los autos de derribo que actualmente están llegando a las familias en estas últimas semanas en Argoños y Piélagos son para las mismas volver al "pasado más negro, a estar con el miedo en el cuerpo ante un posible derribo de su vivienda", sin que "a pesar de tantas promesas, normas, leyes se haya conseguido reparar tanto daño causado". "Por ellos pedimos reiteramos nuestra petición de colaboración a todas las instituciones, para no repetir errores que ya hemos vivido y soportado", concluye AMA.

Comentarios