jueves 20/1/22
CANTABRIA

El Alto del Cuco muestra las cicatrices del “urbanismo ilegal” del PP en Cantabria

Finaliza la primera fase del derribo de las 214 viviendas del Alto del Cuco, proyecto impulsado por el exalcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco, y uno de los símbolos de la burbuja inmobiliaria en Cantabria.

Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y del Supremo obligan a la regeneración ambiental de la zona, cuyas características todavía se desconocen.

Aspecto del Alto del Cuco antes y después de los derribos
Aspecto del Alto del Cuco antes y después de los derribos

En agosto de 2016 comenzaba el derribo de las 214 viviendas construidas en la zona de Piélagos conocida como el Alto del Cuco, un proyecto que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) como el Tribunal Supremo sentenciaron como ilegal en 2007, tres años después de que el gobierno municipal liderado por el ‘popular’ Jesús Ángel Pacheco diera luz verde a una operación urbanística que contemplaba un total de 400 viviendas de diferentes características. Este lunes la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Eva Díaz Tezanos, acompañada por la alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio, el director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio, y representantes de la empresa Tragsa, encargada de la demolición de las viviendas, han visitado el estado de los trabajos que han dejado una evidente cicatriz en esta zona, que será restaurada para recobrar el “aspecto más naturalizado posible”.

Según ha explicado Díaz Tezanos, los trabajos se han desarrollado en tiempo y forma, logrando que en los seis meses previstos para esta primera fase no quede, actualmente, ninguna de las viviendas construidas hace más de 12 años. Como ha recordado la vicepresidenta, el proyecto ha sido impulsado por el Ayuntamiento de Piélagos después de cuatro años en los que, bajo el Gobierno de Ignacio Diego, hubo “falta de voluntad política” para cumplir con las sentencias que consideraban ilegales estas “operaciones urbanísticas”. En este sentido, fue la propia Díaz Tezanos quien reveló en agosto del pasado año que el Gobierno del PP había estado “meses sin responder a los requerimientos” judiciales para ejecutar las sentencias.

Díaz Tezanos ha recordado que, bajo el Gobierno de Ignacio Diego, hubo “falta de voluntad política” para cumplir con las sentencias que consideraban ilegales estas “operaciones urbanísticas”

Unas “viviendas ilegales” que, como la propia vicepresidenta recordó en agosto, “el PP autorizó", y que se aprovecharon de la liberalización del suelo aprobada por el Gobierno de José María Aznar en 1998.

Unas operaciones de las que la también consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social ha responsabilizado directamente “al PP y al anterior alcalde”. El coste definitivo de esta primera fase ha sido de 935.000 euros, mientras que el resto del proyecto, del que todavía se desconocen los detalles y los plazos, está presupuestado en 3,7 millones de euros, tal y como explicó la vicepresidenta cuando comenzaron los derribos.

El coste de estas obras las pagará íntegramente el Ayuntamiento, aunque lo hará a lo largo de 10 años, siendo adelantado el dinero por el Gobierno autonómico. En este sentido, la alcaldesa, “elemento determinante que ha impulsado la demolición” en palabras de Díaz Tezanos, ha revelado que el Consistorio “ya ha hecho el primer pago” correspondiente al primer año. Esta fórmula, según Samperio, “es el mejor escenario”.

Las autoridades han visitado el estado de las obras del Alto del Cuco

Renaturalizar

El aspecto actual del espacio en el que se levantaban estas 214 viviendas está lejos de ser el definitivo. El proyecto, con el que “ARCA está totalmente de acuerdo”, contempla la recuperación de este espacio natural para que “recobre el aspecto más naturalizado posible”, por lo que además de “regularizar una situación ilegal urbanísticamente hablando”, Díaz Tezanos ha explicado que se pretende “readaptar” el entorno, aunque “no existen plazos todavía”, pues la segunda fase del proyecto todavía se está redactando.

El derribo supone poner fin a “una de las muchas barbaridades que el PP llevó a cabo”, como lo definió Díaz Tezanos al comienzo de los trabajos, que ha dejado “por el camino muchas personas afectadas”, si bien no ha habido terceras personas de buena fe afectadas que ya estuvieran residiendo en las viviendas.

El proyecto nació en 2004 cuando el Ayuntamiento de Piélagos, con Pacheco (PP) al frente, dio luz verde a la operación a pesar del informe en contra de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), dependiente del Gobierno, que entonces ocupaba el bipartito PRC-PSOE. La primera sentencia del TSJC contraria a esta operación urbanística, una de muchas, llegó en 2007, dando la razón a ARCA, una de las partes personadas en la causa.

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