Más de cinco legislaturas. Más de 20 años con una espada de Damocles sobre sus viviendas que para muchos ya ha caído con efectos devastadores. Ahora, una nueva legislatura. Y en lugar de continuar con el trabajo realizado, aunque solo fuera en los últimos cuatro años, todo parece volver a empezar. Son cientos de familias las afectadas por sentencias de derribos. Cientos de afectados por una mala gestión administrativa y una legislación tumbada por una justicia que lleva años exigiendo que esas casas sean destruidas. Y estos cientos de afectados han visto esta semana cómo los esfuerzos empleados durante la última legislatura parecen no haber servido para nada. O al menos no para lograr una solución que hace tan solo unos meses parecía cercana, y que ahora se aleja, como pronto, hasta el 2020.
Los afectados por los derribos encontraron "poca voluntad" en que se cumpla la iniciativa del Parlamento
El pasado martes representantes de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) mantenían un encuentro con el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, y otros representantes de la Administración, como toma de contacto con el nuevo equipo tras las elecciones y el cambio producido en el departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio, que ahora se encuentra en manos del PRC y no del PSOE, como estaba en la pasada legislatura. Un encuentro que, como ya dijo el presidente de AMA, Antonio Vilela, contó con medidas "positivas". En declaraciones a este medio, Vilela ha detallado que el encuentro fue, efectivamente "correcto en atención", pero los afectados por los derribos encontraron "poca voluntad" en que se cumpla la iniciativa del Parlamento que exigía que se diera una solución para 2019. "La credibilidad de las instituciones se mide también en cómo cumplen sus propias resoluciones", ha señalado.
Y es que la reunión de AMA con la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo dejó varios anuncios, entre ellos la redacción de un proyecto para las viviendas de sustitución y la creación de una oficina de atención al afectado. También se situó la aprobación de los PGOU de Argoños y Escalante para 2020, lo que incumpliría ese mandato del Parlamento.
"No entramos a valorar el contenido" de los Planes, ha afirmado Vilela, insistiendo en que "solo solicitamos que se remitan a los jueces"
Como viene reclamando la plataforma de afectados, todo pasa por remitir a los tribunales los Planes Generales de Ordenación Urbana de los municipios afectados, de modo que sean los jueces los que den una solución definitiva. Pero dichos PGOU están "retrasándose de nuevo". Los planes de Argoños, Escalante y Piélagos se encuentran ya remitidos a la Administración autonómica, pero con el cambio de legislatura los avances se han frenado de golpe. "No se ponen a disposición de los jueces", ha criticado Vilela, quien asegura que "es comprensible" que los nuevos integrantes del Gobierno "quieran adaptarse, pero deben cumplir el mandato del Parlamento que pide una solución definitiva en el presente año".
Y es que en la última legislatura, y tras dos décadas luchando por lograr una solución a un problema del que son víctimas, la Cámara autonómica impulsó la Proposición no de Ley. Como ha recordado el presidente de AMA, esto era "para la anterior legislatura" a pesar de la prórroga solicitada hasta finales del 2019, precisamente, por el PRC. Pero, ¿qué ocurre para que la situación vuelva a paralizarse? Como ha detallado Vilela, desde el Gobierno se les explica que los PGOU es necesario "sacarlos de nuevo a información pública, y volver a pedir otra vez los informes sectoriales", lo que supone "empezar de nuevo todo el proceso".
"No entramos a valorar el contenido" de los Planes, ha afirmado Vilela, insistiendo en que "solo solicitamos que se remitan a los jueces". Esta especie de reinicio de todo el proceso (o al menos de la parte final que podría dar solución a los afectados) ha sorprendido también a los alcaldes de los municipios con estas viviendas con sentencias de derribo. De hecho ellos, según han trasladado a AMA, están convencidos de que los PGOU podrían tener luz verde este mismo año 2019, cumpliendo así con el mandato del Parlamento. Pero desde el Gobierno se asegura que esa iniciativa parlamentaria no se ajusta a la realidad porque los diputados "no conocen las dificultades técnicas".
DESANDAR LO ANDADO
"Lo que no queremos es volver a transitar el mismo camino", ha criticado el presidente de AMA
"Lo que no queremos es volver a transitar el mismo camino", ha criticado Vilela. Y es que la reunión mantenida el martes con el Gobierno es una fotografía que se ha visto cada cuatro años desde hace cinco legislaturas. "Nos ha pasado con todos", ha explicado, por lo que la frustración se acumula año tras año. "No podemos empezar desde la casilla de salida en cada legislatura", ha reiterado. Por eso ha avanzado su intención de reclamar públicamente una solución urgente, dado que los PGOU de Argoños, Escalante y Piélagos ya estaban en proceso de ser aprobados en la anterior legislatura.
De ahí que valore positivamente la figura de un mediador, que permitiría que "los procesos fueran más cortos" en lugar de "dar vueltas a una noria que no termina". "Sería algo bueno para todos", ha opinado, pero sobre todo podría facilitar el final de una "injusticia interminable".
Ahora el siguiente paso será una reunión de los afectados con los alcaldes de los municipios con viviendas con sentencias de derribo, el próximo 18 de agosto a las 11:00 horas en Argoños. Una reunión en la que se expondrá el contenido de la reunión y se valorarán los pasos a seguir. "Esta reunión con el Gobierno era un primer contacto", ha reconocido Vilela, pero el problema es que "llueve sobre un diluvio" y "no podemos bajar la guardia, no podemos volver a empezar con la misma solución" en la que ya se habían logrado dar pasos adelante.
Como ha recordado el presidente de AMA, Piélagos lleva 19 años con el mismo PGOU, Argoños no lo ha modificado desde 2007 y duerme el sueño de los justos en la Dirección General de Ordenación del Territorio, y Escalante lleva 4 años en esta situación de bloqueo en la CROTU. "Queremos que todas las herramientas posibles se lleven a los procesos judiciales, se pongan a disposición de la justicia, para que acabe la situación tan dura e injusta de los cientos de afectados", ha reiterado Vilela.
