El Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria (CAFCA) ha reclamado que la actividad de los pisos turísticos en la región esté regulada por una ley de vivienda nacional. Así lo ha defendido en un comunicado hoy su presidente, Alberto Ruiz-Capillas, para quien el decreto autonómico que el Gobierno anunció hace casi dos años "difícilmente podrá resolver los problemas de los vecinos afectados". En su opinión, este norma estatal que regule las viviendas de uso turístico debería ser la que "ofrezca una solución global a este tipo de alojamientos y ponga orden al actual caos normativo, dejando a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos la regulación de las cuestiones puramente administrativas", como pueden ser licencias o sanciones. En este sentido, Ruiz-Capillas ha urgido al próximo nuevo Gobierno de Cantabria a que apruebe "lo antes posible" el decreto autonómico que se presentó hace casi ya dos años y que, según lamentó, desde hace "mucho meses duerme en los servicios jurídicos del Parlamento de Cantabria sin que nadie ofrezca más información al respecto". "Estamos convencidos de que esta normativa autonómica vendrá a ofrecer mayor seguridad jurídica a los propietarios de estas viviendas y a los usuarios, pero lo que ya no tenemos tan claro es que vaya a solucionar los problemas que esta actividad genera entre el resto de vecinos", ha subrayado.
Es necesario que el arrendamiento turístico se regule por ley como una actividad económica. Pero por una ley nacional que evite el cruce de normativas entre las distintas administraciones
Así, ha destacado que el borrador presentado en su momento por el Ejecutivo cántabro recogía las modalidades, el régimen jurídico, las obligaciones de los explotadores o las condiciones de uso de estas viviendas, "pero no decía nada de los derechos de la comunidad de propietarios en caso de molestias por parte de los inquilinos". A este respecto, ha recordado que el decreto-ley que el Gobierno de España aprobó el pasado mes de marzo excluye el alquiler turístico de la Ley de Arrendamientos Urbanos, tal y como ya hiciera el derogado en diciembre de 2018, y modifica la Ley de Propiedad Horizontal para permitir que las comunidades de propietarios prohíban con el acuerdo de 3/5 partes el establecimiento de nuevos pisos turísticos. Con el mismo consenso, también podrán acordar que los pisos turísticos paguen una parte mayor de los gastos comunes de la comunidad. Aunque aplaude este cambio normativo, el presidente de los administradores de fincas de Cantabria entiende que de este modo se está trasladando "toda la decisión a los propietarios, añadiendo un nuevo foco de conflictos a las ya de por sí complejas relaciones vecinales". "La solución a esta actividad no puede recaer solo en las comunidades de propietarios. Es necesario que el arrendamiento turístico se regule por ley como una actividad económica. Pero por una ley nacional que evite el cruce de normativas entre las distintas administraciones", ha concluido Ruiz-Capillas.
