Los administradores de Ecomasa creen que el concurso de acreedores fue "tardío" y que ha habido además, en torno al proceso seguido en el fallido proyecto fabril de estufas de Maliaño (Camargo),"actos" u "operaciones" a su juicio "censurables", "de deslealtad".
Así lo han señalado los tres profesionales de la sociedad limitada que se ha encargado de administrar la empresa, y que son abogados expertos en el ámbito económico, mercantil y laboral, durante su comparecencia en la comisión de investigación parlamentaria, que se ha reanudado este martes tras el parón estival. El objetivo de la misma es averiguar el destino de 18 millones de dinero público inyectado en el proyecto, más los 3 millones de las indemnizaciones por despido a los trabajadores de Teka recolocados en la planta camarguesa.
Según han especificado los tres administradores concursales -Jorge Fernández, Ramón Cifrián y Luis Cordovilla- a preguntas de los portavoces de los grupos políticos con representación en la Cámara, en su opinión el concurso se debería haber presentado bien a comienzos de julio de 2014 o en su defecto a finales del mes de octubre o principios de noviembre de ese mismo año.
Los administradores creen que los entonces gestores de Ecomasa, Jesús Manuel Lavín y sobre todo Andrés de León, deberían haberse "dado cuenta" de la situación de "insolvencia" en que estaba la empresa a inicios de julio, desde cuanto tenían "dos meses" para declarar el concurso, por lo que teniendo en cuenta que agosto es inhábil y contando además los plazos legales, la segunda opción era registrar el mismo a finales de octubre o principios de noviembre.
Los tres encargados de administrar la fábrica -cuya comparecencia en el Legislativo ha sido solicitada por Podemos- se hicieron cargo de la misma a principios de septiembre de 2015, y solicitaron la liquidación a comienzos de octubre, es decir, prácticamente un mes después, "bastante rápido", como ellos mismos han admitido.
Han señalado al respecto, y en respuesta a preguntas de los podemitas pero también del resto de portavoces de partidos con representación (Cs, PSOE, PRC y PP), que "sí" se cumplieron los plazos que da la ley entre el preconcurso y el concurso.
En cuanto a su gestión, han indicado en primer lugar analizaron las posibilidades de encontrar un inversor o de que los socios inyectaran capital, pero "la situación era la que era" y la empresa estaba "deteriorada".
En este punto, se han referido también al carácter "estacional" de esta planta, dedicada a la fabricación de estufas en primavera y verano para venderlas en invierno. Pero, en el caso de Ecomasa, ya en 2014 no se habían producido estos artículos al carecer de materia prima para su elaboración, por lo que no había unidades para vender. Así las cosas, la posibilidad de "reflotar" la empresa incluso con fondos propios era "muy complicada" y en 2015 "ya no había solución".
"Eso no hay cuerpo o empresa que lo aguante", han expresado, antes de explicar que, dada esta coyuntura, que la empresa estaba "cerrada" en el sentido de que no tenía actividad ni producción, lo primero que hicieron fue negociar los despidos de los trabajadores, que estaban "muy cansados" al llevar tiempo enlazando un expediente de regulación de empleo tras otro.
Aunque para ellos, como han precisado, la "última salida" es siempre "cerrar una empresa", ya que tratan de que el empresario que está al frente continúe, mantener la línea de fabricación, que aparezca otro empresario o que se inyecte capital. Pero "no había ninguna decisión tendente a inyectar dinero" y "aquí pasaba todo por inyectar dinero", han remachado.
En este punto, se han referido al "matiz emocional" en una situación como la de Ecomasa, en la que "siempre" hay "tendencia" a "aguantar hasta el final", es decir, "alargar el proceso" en espera de que se produzca una solución "milagrosa".
FASE DE CALIFICACIÓN
Los tres administradores, que han expresado su disposición a colaborar nada más comenzar su comparecencia en la comisión de investigación, se han referido también a la situación del concurso, que está en fase de "calificación" tras la emisión de su informe, presentado en el juzgado en octubre de 2016 y según el cual, y desde el punto de vista "mercantil" -que no "penal"-, el mismo fue "culpable". Pero el balance "es negativo, sin lugar a dudas". Ahora se está pendiente de que se señale la vista correspondiente o, en su caso, que el juez de lo mercantil dicte sentencia.
Y, en paralelo, están acabando la liquidación, con la venta de los activos "residuales" pendientes de dar salida, para proceder después con el dinero recabado al pago de los proveedores y finalizar así el concurso.
PRÓXIMAS COMPARECENCIAS
Tras las comparecencias de los administradores y la del consejero delegado de Sodercan, Salvador Blanco, prevista para el próximo 3 de octubre, llegara el turno de los cargos políticos, con los que concluirá la ronda de comparecencias.
Pasarán por la Comisión, el actual consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota (PSOE), y quien fuera su antecesora en el cargo, durante el anterior Gobierno del PP, Cristina Mazas.
Los protagonistas de las últimas comparecencias serán el exconsejero de Industria, Eduardo Arasti, y el expresidente de Cantabria, Ignacio Diego.
Esta comisión de investigación, que busca conocer el destino de los 18 millones dinero público inyectado en este proyecto fallido y los aproximadamente 3 de la indemnizaciones de los trabajadores que fueron despedidos de Teka y pasaron a Ecomasa, ha sufrido varios parones desde su inicio, el 8 de noviembre del pasado año.
Por ella, han pasado, entre otros, los administradores de Ecomasa, Jesús Manuel Lavín y Andrés de León, que se acogieron a su derecho a no declarar y se limitaron a leer sendos comunicados; así como distintos miembros de los distintos órganos del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), de Sodercan, o el director de la fábrica, Mario Palacio.
