jueves 26/5/22

El acusado de agredir sexualmente a su expareja, a la que amenazó con difundir fotos y vídeos íntimos de ambos si no accedía a sus pretensiones, ha reconocido este miércoles los hechos en el juicio contra él, en el que ha mostrado conforme con la pena consensuada entre las partes y ha aceptado un año y diez meses de cárcel.

"No era consciente de mis actos", ha manifestado el hombre durante el ejercicio del derecho a la última palabra en la vista, en la que acusaciones y defensas han modificado sus conclusiones y peticiones después de renunciar al interrogatorio del procesado y a la prueba testifical, una vez que el implicado ha admitido lo ocurrido.

Así, solo se ha practicado, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, la prueba pericial, en la que las forenses han ratificado que el implicado tenía mermada su capacidad volitiva cuando sucedió todo y presenta además una sintomatología "llamativa" por la que ha estado ingresado "varios meses", continuando en tratamiento psiquiátrico en la actualidad.

De hecho, a la hora de fijar la pena se le ha aplicado la eximente incompleta por un trastorno bipolar (tipo 1, cuando se experimenta un episodio de ánimo elevado seguido de depresión) y la atenuante muy cualificada de reparación del daño, al haber consignado un total de 60.180 euros por el perjuicio ocasionado a la víctima (con la entrega primero de 25.180 euros y un cheque con 35.000 antes del plenario).

Así, el hombre, que se enfrentaba a nueve años y ocho meses de cárcel que pedía para él la fiscal, va a ser condenado a un año y diez meses por un delito de agresión sexual con agravante de parentesco.

Y es los dos meses más de prisión solicitados por el de violencia de género -en el que no se aplica la citada agravante pero sí la eximente incompleta y la atenuante por reparación del daño- han sido sustituidos por una pena de multa. También se le imputaba un ilícito leve de vejaciones injustas.

Junto a esta condena se aplicarán las medidas cautelares habituales en estos supuestos tras el cumplimiento de la pena privativa de prisión, como prohibición de comunicarse y acercarse a la víctima, de residir o acudir a su localidad -durante dos años-, libertad vigilada o continuar el tratamiento que está siguiendo.

ACCEDIÓ A SUS PRETENSIONES POR EL TEMOR DE LA DIFUSIÓN DE IMÁGENES

Según el escrito inicial de la Fiscalía, el acusado contactó con la víctima, con la que había roto seis años antes y con la que no tenía comunicación desde hacía dos, mediante mensajes en los que le decía que le había pasado algo grave y que tenía que verla en persona.

La mujer accedió y cuando se vieron él le pidió que subiera al coche, a lo que ella se negó. Entonces, el procesado le mostró vídeos y fotos de ambos de contenido sexual, de cuando eran pareja, y le dijo que fuera con él "para arreglar el problema".

Pero ante el temor de que su expareja usara dichos archivos, accedió a subir al vehículo y se sentó en el asiento delantero, momento en que la conminó "a cumplir sus fantasías sexuales, que describió detalladamente, dándole orden de apuntarlo en una tarjeta que le dio, o de lo contrario publicaría los vídeos sexuales".

El hombre le dijo que le practicara una felación y, al negarse ella, arrancó el coche y se dirigió a una zona sin viviendas, donde la ordenó que pasase al asiento trasero, volviendo a amenazarla con la difusión de los vídeos, por lo que ella hizo lo que le pedía.

Así, la ordenó que le hiciese una felación, a lo que ella accedió "ante el temor del perjuicio familiar, social y profesional que la provocaría la difusión de los vídeos". Posteriormente, la ordenó que se bajase los pantalones y aunque se negó inicialmente terminó haciéndolo por "la insistencia de él y el recordatorio de los videos". Así, la penetró y eyaculó sobre su cuerpo.

Días después, siguió enviando mensajes a la mujer y ella acudió a la vivienda de él para entregarle una cámara fotográfica y otros efectos que le reclamaba. En esa ocasión, él la recibió en bata y, tras descubrirse, pensando que ella llevaba una grabadora, "la subió el jersey hacia la cabeza e introdujo los dedos en los ojos de ella, que pidió socorro a gritos" y sufrió daños en ambos ojos.

El ministerio público explicaba que el acusado está diagnosticado de trastorno bipolar de larga evolución con episodios maníacos por los que ha precisado tratamiento psiquiátrico y varios ingresos. En el momento de los hechos, "sufría una alteración grave de su capacidad volitiva relacionada con el déficit de control de impulsos". Por eso, consideraba que debía tenerse en cuenta la concurrencia de la circunstancia atenuante de alteración psíquica.

La acusación particular, ejercida por la víctima, se sumaba a la petición de la fiscal, y aunque añadía otro de detención ilegal -por el que interesaba dos años más de prisión y tres más de prohibición de comunicación y acercamiento, así como una indemnización de 28.180 euros- se ha adherido al nuevo relato y peticiones del ministerio público.

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