viernes. 29.03.2024

La ex trabajadora y responsable de la caja de la sociedad Cementerio Jardín -empresa participada en un 51% por el Ayuntamiento de Santander que gestiona el cementerio de Ciriego-, y que está acusada de apropiarse de hasta 176.000 euros, ha negado haberse quedado con dinero de ningún cobro porque "siempre lo he entregado" y ha asegurado que ella elaboraba las facturas y las hojas diarias de caja "como me decía la asesoría".

La mujer, que trabajó en la sociedad pública desde 1991 hasta principios de 2012 cuando fue despedida, ha explicado este martes en el juicio que ella era la encargada de caja pero no tenía ninguna preparación específica para ello y ha indicado que "también había otras personas que cobraban y hacían facturas" cuando ella estaba ocupada, librando o de vacaciones.

Así lo ha manifestado este martes en el juicio que se ha celebrado contra ella en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, en la que el fiscal ha solicitado dos años y tres meses de prisión por apropiación indebida pero solo de 14.459 euros, que es la cantidad que faltó en 2011.

Las acusaciones pública y particular consideran que es ese "saldo pendiente" el que la acusada fue engrosando

Mientras, la acusación particular ejercida por Cementerio Jardín ha pedido tres años y seis meses por un delito continuado de apropiación indebida al elevar la cantidad sustraída hasta los 176.000 euros desde antes de 2006 o, como alternativa, una pena de cuatro años por un delito de malversación de caudales públicos y la inhabilitación durante 10 años.

Para apropiarse del dinero, tanto el fiscal, limitándose al año 2011, como la acusación particular, para el periodo 2006-2011, creen que la acusada dejo de anotar facturas por cobros a clientes, disminuyendo así el saldo que tendría que haberse ingresado, aunque ella ha indicado que es "posible" que cometiese "algún error" y, de hecho, ha asegurado que "nunca" se le advirtió de ningún poblema en las hojas de caja.

En ellas, se anotaban los servicios que se realizaban (enterramientos, incineraciones...) que debían ir acompañados del correpondiente número de factura. Las facturas, según ella misma ha explicado, se emitían al hacer el servicio pero no se entregaban hasta no estar pagado, por lo que contaban con una carpeta de "pendientes de pago".

Las acusaciones pública y particular consideran que es ese "saldo pendiente" el que la acusada fue engrosando, dejando ahí facturas que sí se habían ya cobrado o no haciéndolas directamente. Esta situación que supuestamente se arrastraba desde hacía años no fue detectada hasta que en octubre de 2011 hubo un cambio de gerente al jubilarse el que había ocupado el cargo durante once años.

NUEVA GERENTE

La nueva gerente, que había sido compañera de la imputada y hasta el momento se encargaba de proveedores, se percató de que una día que la acusada había anotado un servicio de un entierro de unas cenizas con un número de factura pero no estaba apuntado el cobro en la hoja del día. "Esperé a que me entregase el dinero, pero no lo hizo, entonces la pregunté qué había pasado con ese cobro y me dijo que no sabía, que no se acordaba", ha indicado la gerente del cementerio.

Tras detectar esa "irregularidad", la gerente comenzó a supervisar las cuentas y el "saldo real" de la caja y es "entonces cuando me doy cuenta del descuadre" del que nadie había tenido conocimiento hasta ese momento porque, según ha explicado su antecesor en el cargo, tenía "confianza total" en la acusada, que llevaba 20 años desarrollando la misma labor.

La actual gerente pidió un "análisis profundo" de las cuentas de ese año 2011 a la asesoría fiscal con la que trabajaba en esos momentos Cementerio Jardín

En su labor de control, la actual gerente pidió un "análisis profundo" de las cuentas de ese año 2011 a la asesoría fiscal con la que trabajaba en esos momentos la sociedad Cementerio Jardín, advirtiéndose que en la caja "había 770 euros cuando debería de haber 16.000".

"Faltaban una serie de facturas", ha indicado la asesora fiscal, que ha explicado que, aunque trabajaba desde 2009 para la empresa, no había detectado nada porque la cuenta de saldo pendiente de clientes era "elevada" y "venía arrastrándose desde años atrás" por lo que "no le di importancia".

A su juicio, la forma en que la acusada había venido haciendo la facturación era de "una manera extraña" y avisó a la sociedad de que "no era la correcta", principalmente porque en las hojas del día no se indicaba la cantidad que había en la anterior al que se ha de sumar la cuantía cobrada en la última. Tras esta advertencia, la acusada adaptó el formato pero "a veces había errores" por lo que la gerente decidió hacerse cargo ella misma de las hojas de caja.

Tras detectarse la falta de dinero al cierre de 2011, todo ello de cobros realizados en mano en las oficinas del cementerio (hay otros cobros que se hacen por cuenta bancaria), la gerente ha manifestado que preguntó a la acusada pero "me dijo que no sabía dónde estaba el dinero, no me supo dar explicaciones", a pesar de que lo que faltaba era "solo de la caja", de la que ella era la encargada.

La gerente, que llegó a advertir tanto a la acusada como a otro trabajador que "si volvía a faltar un solo euro se lo quitaría de las nóminas", ha lamentado que se llegue a "abusar así de la confianza". Como responsable del funcionamiento diario de la sociedad, puso la situación en conocimiento del consejo de administración, que a principios de 2012 despidió a la acusada y encargó un informe pericial sobre las cuentas desde 2006.

HASTA 176.000 EUROS

El perito ha indicado que, según su análisis, el dinero cobrado y declarado pero que no pasó por caja fueron 144.000 euros entre 2006 y 2011, una cantidad que eleva hasta los 176.000 euros por cuantías de "clientes que no figuran en cobrados" desde años anteriores a ese periodo pero que ellos mismos han asegurado haber pagado las facturas.

En la vista también ha declarado como testigo la vicepresidenta de Cementerio Jardín, Ana González Pescador, concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Santander, que entró a formar parte de la sociedad a finales de 2011 sucediendo a Samuel Ruiz, exconcejal del Consistorio y actual delegado del Gobierno en Cantabria.

González Pescador ha indicado que, tras detectarse el descuadre en las cuentas al cierre de 2011, se decidió hacer un análisis para "ver qué había pasado" y se puso en conocimiento del Tribunal de Cuentas, organismo al que también se remitió, tras su paso por Intervención, el informe desde 2006.

De hecho, ha detallado que el Tribunal de Cuentas ha abiertos dos procedimientos contra la acusada para el reintegro de las cantidades sustraídas durante los años 2009 y 2010 y otro por las de 2011, que ya es firme y definitivo.

La acusada de apropiarse de 176.000 euros de Cementerio Jardín asegura que “siempre”...