sábado 28/5/22

Los tres responsables del club de alterne de Cicero acusados de no dar de alta en la Seguridad Social a varias mujeres y de emplear a otras que no tenían permiso de trabajo han aceptado este lunes penas de seis meses de cárcel y un año, frente a los tres años que pedía para cada uno la fiscal.

Ha sido en el juicio contra ellos, celebrado en la Audiencia Provincial de Cantabria con conformidad de las partes, que han acordado un año de prisión para dos de los procesados: el administrador único y socio fundador de la empresa que explotaba el local y otro de los hombres, propietario del inmueble y encargado de contratar a las empleadas, establecer los precios y dirigir el negocio junto a su hijo, al que se han impuesto seis meses de encarcelamiento.

Además, según el escrito modificado por la acusación pública, y al que se han adherido la particular -ejercida por la Tesorería General de la Seguridad Social- y las defensas, todos los implicados deberán pagar 1.080 euros de multa, a razón de una cuota diaria de 6 durante seis meses -frente a los 2.700 solicitados inicialmente-, así como las costas procesales. Y sobre los que se ha recaído la pena privativa de libertad de un año estarán también inhabilitados para ejercer el cargo de administrador de industria y comercio durante ese periodo, el mismo tiempo durante el que además quedará clausurado el club. Así se ha decidido en la vista oral, desarrollada en la Sección Tercera de la AP, en el que el ministerio público ha modificado sus conclusiones provisionales después de que uno de los imputados haya consignado la deuda con la TGSS -194 euros, aunque se han ingresado 199 por error- y se hayan rebajado las penas, al aplicarse la atenuante de reparación del daño.

SIETE DE LAS MUJERES DESARROLLABAN ACTIVIDADES DE ALTERNE

Esta causa se inició en octubre de 2017, cuando agentes de la Policía Nacional acudió al club a realizar actividades inspectoras y de lucha contra el crimen organizado. Encontraron a once personas extranjeras prestando servicios, y de las que siete desarrollaban actividades de alterne. Seis de las identificadas eran mujeres que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social y otras tres carecían de autorización para trabajar.

Las que ejercían el alterne "dormían, comían y cenaban" en el local, y su función era "captar clientes para incentivar el consumo de bebidas", a cambio una "retribución" que consistía en una comisión por cada copa. Además, el club "fijaba el horario de las trabajadoras", con "una jornada mínima de siete horas", y éstas "vestían ropas de similares características, llamativas y provocativas, propias de la actividad que desarrollaban", según la Fiscalía. A juicio de esta parte, los responsables del local "conocían la obligación de todo empresario de dar de alta en la Seguridad Social a sus empleados, como lo demuestra el hecho de que otros trabajadores sí estaban dados de alta", y de que la empresa representada por uno de los acusados "ya había sido sancionada por la misma infracción".

Por eso, el ministerio público considera que los hechos constituyen dos delitos contra los derechos de los trabajadores: uno en su modalidad de empleo a personas extranjeras que carecen de permiso de trabajo y otro en el de no dar de alta en la Seguridad Social, por los que reclamaba para cada uno tres años de cárcel, inhabilitación para administrador de industria o comercio durante ese tiempo y multa de 2.700 euros.

La TGSS -que acusaba al administrador de la empresa y gerente y al que considera copropietario, socio mayoritario y gerente de hecho, pero no al hijo del dueño del inmueble- interesaba dos años y medio de prisión, inhabilitación por el mismo periodo y 6.000 euros, mientras las tres defensas pedían la libre absolución de sus clientes.

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