El Gobierno de Cantabria cubrirá hasta mil euros de los gastos de electricidad y gas de las familias de la comunidad autónoma con problemas para hacer frente al pago de sus facturas y evitará los cortes de estos servicios gracias al convenio suscrito este lunes con cinco empresas suministradoras.
Dicho convenio ha sido suscrito entre el Gobierno, la Federación de Municipios de Cantabria y las empresas Viesgo, Endesa, Gas Natural Fenosa, EdP e Iberdrola.
Ahora, los ayuntamientos que lo deseen pueden adherirse a él para que sus servicios sociales se encarguen de realizar los informes que acrediten que son solicitantes "de buena fe" y que se encuentran efectivamente en una situación económica que no les permite pagar su factura e informará de ello a las suministradoras para que no se les corte los servicios impagados.
Las ayudas para el pago de las facturas impagadas, que son compatibles con las que reciban de otras administraciones, podrán sucederse durante tres meses y se extenderán hasta un límite máximo de mil euros.
Obligaciones de las eléctricas
En el convenio suscrito las empresas suministradoras se comprometen a "facilitar el pago de las facturas pendientes por el suministro efectuado" a los beneficiarios de las ayudas "sin que pueda aplicarse ningún interés de demora, comisión o similar", a excepción de los gastos de reconexión exigidos por la distribuidora.
Las ayudas para el pago de las facturas impagadas, que son compatibles con las que reciban de otras administraciones, podrán sucederse durante tres meses
Además, estas compañías se comprometen a, una vez recibida la comunicación de la valoración técnica favorable a la concesión de la ayuda, paralizar el proceso de suspensión del suministro por impago mientras se gestiona la concesión de la prestación económica destinada al pago de las facturas energéticas adeudadas "y siempre que este pago tenga lugar dentro del mes siguiente a la fecha de la comunicación de la valoración técnica favorable".
En el caso de que ya se hubiera producido el corte de suministros, la empresa suministradora solicitará "de inmediato" a la empresa distribuidora su reposición, que se produciría normalmente en 24 horas.
Además, las empresas proporcionarán programas de auditorías energéticas en domicilios vulnerables o formación en la mejor gestión doméstica de los suministros energéticos en éstos, así como formación al personal de los servicios sociales de los ayuntamientos cuando les sea solicitado.
Los recursos para cubrir los gastos de estas facturas se cubrirán con parte del Fondo Extraordinario de Suministros Básicos de 2 millones que está "acabando" de tramitarse por parte del Gobierno regional.
Será cuando finalmente se acabe con la tramitación del Fondo cuando las solicitudes podrán comenzar a solicitarse y, según Díaz Tezanos, serán resueltas "en unos días".
Requisitos
Para poder beneficiarse de esta ayuda las unidades familiares no deberán sobrepasar cierto nivel de ingresos, que en el caso de las compuestas por una sola persona no deberán superar los 666 euros, aproximadamente 1,25 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Para familias con más integrantes este límite de ingresos será superior.
Las empresas proporcionarán programas de auditorías energéticas en domicilios vulnerables
El convenio tiene vigencia desde su firma este lunes hasta el 31 de diciembre de 2016 y su prórroga queda condicionada a la vigencia de los convenios con los ayuntamientos para la cobertura de necesidades básicas a personas en situación de vulnerabilidad social.
Las prórrogas que se acuerden quedarán condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el ejercicio correspondiente.
El seguimiento del convenio será realizado por una comisión técnica formada por un representante del Gobierno de Cantabria, un representante de la entidad local interviniente en la actuación de que se trate y un representante de cada empresa comercializadora.
Dicha comisión evaluará las actuaciones realizadas así como su adecuación a la finalidad perseguida, y el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. Asimismo decidirá sobre las incidencias en el desarrollo del convenio que pudieran surgir.
En el convenio se establece que los ayuntamientos o mancomunidades adheridos a este convenio deberán remitir trimestralmente al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) los datos de la ayudas concedidas, y antes del 31 de enero de 2017 presentará la justificación del gasto realizado en virtud del presente convenio.
La vicepresidenta regional y consejera de Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha opinado que la firma de este convenio es una "buena noticia para las familias cántabras" y ha realizado un llamamiento a los ayuntamientos a adherirse, confiando en que "la mayoría" lo hará.
Las unidades familiares no deberán sobrepasar cierto nivel de ingresos, que en el caso de las compuestas por una sola persona no deberán superar los 666 euros
Díaz Tezanos ha afirmado que, en Cantabria, la pobreza energética afecta a un "buen número de familias" y para argumentarlo ha aludido al denominado 'Indicador AROPE' de 2015, realizado con datos de 2014, que indica que en Cantabria hay cerca de 20.000 hogares que no pueden permitirse mantener su hogar a una temperatura adecuada.
Según ha señalado, hasta el momento, fue en 2014 cuando se registró el "valor máximo" de hogares en esta situación.
Por su parte, todos los representantes de las empresas suministradoras se han felicitado de la firma de este convenio, que es similar al firmado en otras comunidades autónomas o por otras Administraciones Públicas; han agradecido al Gobierno regional el haberlo promovido y han coincidido en mostrar su disposición a colaborar con las instituciones pública para "paliar" la situación de estas familias.
Varios de ellos han valorado y considerado "acertada" la fórmula elegida en el convenio para la tramitación de estas ayudas puesto que, a su juicio, es "operativa" y "puede funcionar muy bien".
Los representantes de estas empresas han aprovechado la firma de este convenio y su posterior encuentro con los medios de comunicación para detallar cada una de las medidas que tiene cada una de sus compañías para atender este tipo de situaciones.
Así, algunos de ellos han citado que, además de los convenios, cuentan con otras medidas, como sistemas aplazados de pagos.
Por su parte, el presidente de la FMC y alcalde de Reocín, el regionalista Pablo Diestro, quien ha resaltado lo "importante" que, a su juicio, es el convenio firmado para las familias que lo están pasando "tan mal".
Así, ha agradecido al Gobierno regional su "esfuerzo" para destinar estos fondos para paliar la pobreza energética y también a las suministradoras por acceder a "flexibilizar" los pagos y a no efectuar cortes a estas familias con problemas económicos, a las que ha mandado "su apoyo" y ha confiado en que medidas como la suscrita este lunes puedan quitarles "una preocupación".
