El interventor del Ayuntamiento de El Astillero que detectó irregularidades en la contratación de una trabajadora municipal acusada de tráfico de influencias y juzgada junto al exalcalde Carlos Cortina (PP), pero por prevaricación administrativa en este caso, ha destacado que estuvo "meses" detrás de los contratos de la empleada y ha apuntado al respecto que no pensaba que se trataba de uno menor, sino de prestación de servicios por varios años.
"Daba por hecho" que había un soporte legal para esta contratación, ya que como ha evidenciado "era imposible que facturara sin contrato"
"No había nada, solo facturas", ha indicado, para expresar a continuación que "daba por hecho" que había un soporte legal para esta contratación, ya que como ha evidenciado "era imposible que facturara sin contrato". Esta relación contractual comenzó en enero de 2007 y acabó en abril de 2010, a raíz precisamente de un reparo suyo, aunque "tenía que haber finalizado en diciembre de 2008" en vez de encadenarse "tres contratos menores".
Así lo ha manifestado el responsable de la intervención municipal durante 2009 y 2010 este viernes en el juicio contra el exregidor, para el que la fiscal pide diez años de inhabilitación para empleo o cargo público, y la trabajadora contratada, que se enfrenta a un año de prisión, multa de 160.000 euros y una indemnización de 98.749 al Consistorio, a aportar conjuntamente entre ambos procesados, por 38 facturas giradas por este montante total.
En la tercera sesión de la vista, que arrancó el miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria con el interrogatorio de los acusados y concluirá el próximo lunes, además de este interventor ha declarado su antecesor, que ha apuntado por su parte que el contrato menor suele tener una duración límite de un año -seis meses prorrogables durante otros tantos-. Este testigo, propuesto igualmente por las acusaciones, se encargó de fiscalizar el decreto de Alcaldía de agosto de 2008 por el que se prolongó la contratación de la empleada en cuestión, decreto a sus ojos "correcto”.
A preguntas de las partes ha agregado que el secretario municipal -que interpuso una denuncia por supuesta usurpación de funciones de la hermana de la procesada, funcionaria responsable de recursos humanos, y que desembocó en esta causa- no le advirtió de "ninguna" ilegalidad relacionada con la contratación enjuiciada, ni siquiera de forma verbal.
