La fiscal del juicio por las supuestas irregularidades en la plataforma de alimentos de Camargo ha mantenido la pena de 18 meses de prisión solicitada para la principal acusada, Jimena González, exsecretaria del que fuera concejal de Ganemos y responsable de Servicios Sociales cuando sucedieron los hechos, al considerar que desde que llegó al Ayuntamiento se hizo cargo del banco y se empezó a gestionar como "un chiringuito privado", repartiendo vales de comida "a su antojo", a personas no incluidas en el listado oficial de beneficiarios.
"No lo hice, ni antes ni ahora", ha asegurado este jueves la procesada durante el ejercicio del derecho a la última palabra en la vista, que se celebra esta semana con jurado popular en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria y que ha quedado vista para el veredicto, el viernes. "Desde 2015 estoy viviendo una auténtica pesadilla. Me tuve que ir del pueblo", ha alegado la entonces asesora de Marcelo Campos, para añadir a continuación que "a día de hoy" esta situación está afectando a su hija. "Yo entré (al Consistorio) como empleada y acabé como acusada", ha comparado, antes de quejarse de que ella es "la única" que aparece en las fotografías de los periódicos: "Solo sale mi cara", ha dicho, desde el banquillo de los acusados, a los miembros del tribunal.
Está imputada como autora de un delito de malversación de caudales públicos, en una cuantía que no se ha podido determinar exactamente pero que oscilaría entre los 1.000 y 3.000 euros, y por la que también está acusado el voluntario de la plataforma al que supuestamente entregó 30 bonos para que le hiciera a ella la compra y que denunció lo que estaba sucediendo ante la Guardia Civil.
Se enfrentaba, como cómplice, a seis meses de prisión que pedía para él la representante del ministerio público, y que en las conclusiones finales ha rebajado esa solicitud a la mitad, esto es, a tres meses, al tener en cuenta también la reparación del daño, junto a la confesión y colaboración. "Asumo lo que he hecho y la decisión de ellos (los jurados), bienvenida sea", ha dicho al finalizar la exposición de los informes de las partes.
La acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento, se ha adherido al cambio introducido por la Fiscalía, que también pide para Jimena González multa de 3.600 euros e inhabilitación para empleo o cargo público durante tres años. Extremo este último que solicita la letrada de la administración local, pero que eleva a 22 meses y 5.040 euros las penas de cárcel y multa.
La defensa del acusado se mostró al inicio del plenario conforme con los hechos que se le imputan a su patrocinado pero no con la pena reclamada, pues consideraba que había aportado datos decisivos para el esclarecimiento de lo ocurrido y quería que se le impusiesen tres meses de prisión, como ha solicitado ahora la fiscal. Y el abogado de la principal encausada ha insistido en su libre absolución al reiterar que todo parte de una "denuncia falsa" por parte del otro implicado.
CHIRINGUITO PRIVADO
Por su parte, la fiscal ha reiterado que Jimena González es autora del delito de malversación de caudales públicos, por el reparto de bonos de comida entre amigos y conocidos, desde que se erigió -ha dicho- como responsable de la plataforma, que se empezó a gestionar como si fuera un "chiringuito privado" pues usó los vales "a su antojo".
La representante del ministerio, -que ha aclarado al tribunal que en el delito de malversación da igual la cuantía, ya que lo importante es que se trata de dinero público-, ha enfatizado que es "incuestionable" que la principal acusada se encargaba de manejar la plataforma y los bonos. En este sentido, ha explicado que asumió la gestión del banco de alimentos, 'apartando' a antiguos voluntarios que fueron sustituidos por personas de "su confianza", algunos de ellos también beneficiarios. "La avaricia existe en todos los corazones humanos", ha expresado a propósito de esto último.
Y ha añadido que el sistema de reparto de vales de comida -de 10 euros cada uno y que se podían canjear en un centro comercial de Camargo- cambió "radicalmente", hasta el punto de que no había ya un listado "impreso" de benefactores, sino unas plantillas que "se rellenaban a mano", con "garabatos" a modo de firma conforme se daban los bonos, incluso a no empadronadas en el municipio o de fuera de Cantabria, ha remachado.
Así, esta parte calcula que se entregaron alrededor de 300 vales a personas que no eran beneficiarios del banco porque no estaban en la correspondiente lista de Servicios Sociales. Además, ha indicado que en ocasiones se entregaron más de los cinco que se podían otorgar como máximo a una unidad familiar, ya que hubo compras realizadas con hasta "veinte" tickets.
En su opinión, un "indicio clarísimo" de las irregularidades es que si se multiplican los 388 beneficiarios oficiales por el número de vales que podrían recibir como tope salen 983, pese a lo cual en septiembre de 2016 se aumentaron hasta 1.200 y, en consecuencia, la partida municipal se elevó a 12.000 euros, de los que el supermercado facturó 11.401 euros al Ayuntamiento (se "perdieron" 57).
De todos los bonos, la fiscal ha llamado la atención sobre los 30 que la acusada entregó al otro implicado -como él mismo ha reconocido- para que le hiciera la compra para su casa y para asistir ambos -entonces eran amigos- junto a sus hijos a un camping a Valderredible a hacer una barbacoa.
BANCO DE ALIMENTOS
Por su parte, la abogada del Ayuntamiento cree que no hay "lugar a dudas" de que ha habido una "clara malversación" de caudales públicos, es decir, de dinero que "es de todos, da igual la cantidad", ha reiterado a los integrantes del jurado. También cree demostrado que la entonces secretaria de Marcelo Campos -que fue expulsado de su partido y del equipo de gobierno municipal- "gobernaba" el banco de alimentos como si fuera "una heroína" del mismo y "por delegación" del propio concejal, que por su parte asumió la Concejalía como "un virrey" y se erigió como "paladín" de la plataforma.
Así, se introdujeron cambios, de modo que eran voluntarios "de su entorno" quienes entregaban los vales, según un listado "manuscrito hecho por Jimena", que no coincide con el oficial impreso y en el que figuraban personas no empadronadas en el municipio y a las que se daba hasta "veinte" tickets a la vez.
A ojos de la acusación particular, esto evidencia que eran bonos "fraudulentos" y que había un "desfase", toda vez que considera "imposible" que se juntaran los de hasta cuatro familias para que fuera uno solo a hacer la compra de todos. Esta letrada cree que el otro acusado "cayó en la trampa" de adquirir productos en el supermercado con vales a Jimena González, que era "muy conocida" en Camargo y "no podía ir con bonos a hacer la compra".
DENUNCIA FALSA
De su lado, la abogada del voluntario procesado ha subrayado que ha reconocido ese extremo y otras "graves irregularidades", y ha incidido que aunque es "cómplice" no fue "fácil" denunciar, por las consecuencias penales y públicas, como críticas o reproches. "¿Qué sentido tiene que ponga una denuncia?", ha preguntado, a la par que ha cuestionado por qué no denunció ella. A continuación, ha señalado como "evidente" diferentes extremos, como que repartió vales entre amigos.
Finalmente, el abogado de Jimena González ha insistido en que esta causa parte de una denuncia, la del segundo acusado, que "es falsa" pese a lo cual las "consecuencias" -ha dicho- han sido "mayores" de lo que él se esperaba. Y es que cree que "no pensó" que eso podía acabar en un juicio, que ha quedado visto para el veredicto del jurado.
